Tecoluca, San Vicente. — En un ejercicio de diálogo y transparencia, representantes del proyecto Relleno Sanitario Los Nonualcos sostuvieron el pasado jueves 5 de febrero una reunión con miembros de la comunidad, con la mediación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), con el objetivo de abordar inquietudes ciudadanas, explicar el alcance de la iniciativa y reafirmar su enfoque en el respeto de los derechos humanos y la protección ambiental.
El encuentro forma parte de un proceso continuo de acercamiento comunitario, impulsado por los responsables del proyecto, orientado a construir confianza, brindar información clara y fomentar la participación de la población en torno a una infraestructura considerada clave para la gestión adecuada de los residuos sólidos en la zona paracentral del país.
Durante la jornada participaron Javier Núñez, vocero del proyecto, y Horacio Ramírez, ingeniero y líder técnico de la iniciativa, quienes explicaron de manera directa las características del relleno sanitario, respondieron a las inquietudes de los habitantes y detallaron los beneficios ambientales, sociales y económicos que traerá la obra, la cual beneficiará a más de 350,000 personas.
“El diálogo con la comunidad es esencial para construir un proyecto transparente, responsable y con enfoque en derechos humanos”, expresó Núñez, al subrayar la importancia de mantener canales de comunicación abiertos y permanentes con la población.
Infraestructura tecnificada y permisos vigentes
Uno de los puntos centrales de la reunión fue aclarar que el proyecto no corresponde a un basurero, sino a un relleno sanitario tecnificado, diseñado bajo altos estándares de ingeniería y tecnología especializada, tanto a nivel nacional como internacional.
Según se explicó, este tipo de infraestructura incorpora sistemas avanzados de impermeabilización del suelo, captación y tratamiento de lixiviados, control de gases, manejo técnico de residuos y monitoreo ambiental permanente, con el objetivo de salvaguardar el medio ambiente y la salud de las comunidades cercanas.
Asimismo, los representantes informaron que el proyecto cuenta con permisos ambientales vigentes desde 2017, respaldados por estudios técnicos y ambientales que confirman que su operación no contamina cuerpos de agua ni representa riesgos para la población, cumpliendo con la normativa ambiental aplicable.
“Este relleno sanitario representa una solución moderna y tecnificada que busca proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades”, señaló Horacio Ramírez.
Experiencia técnica y observación internacional
Durante el diálogo también se destacó la experiencia de los profesionales involucrados en el proyecto, quienes cuentan con antecedentes en el desarrollo y operación de rellenos sanitarios en distintos países de Latinoamérica, con resultados positivos en la mejora de la gestión de residuos y el entorno ambiental.
Además, el proyecto es observado y acompañado bajo los estándares de la International Solid Waste Association (ISWA), una organización internacional de referencia en la gestión integral de residuos sólidos, lo que refuerza el compromiso de aplicar buenas prácticas técnicas, ambientales y operativas reconocidas a nivel mundial.
Beneficios sociales y participación comunitaria
Como parte del compromiso social, los representantes del proyecto presentaron una propuesta de beneficios orientados al desarrollo local, entre los que se incluyen la generación de empleos directos e indirectos, priorizando la contratación de mano de obra local; la restauración de la escuela de la comunidad; la habilitación de una clínica comunal; y la implementación de programas de formación y capacitación en diversos oficios.
Uno de los anuncios más relevantes fue la creación de un comité de control comunitario, que permitirá a los habitantes participar activamente en la vigilancia y monitoreo del funcionamiento del relleno sanitario, fortaleciendo la transparencia, la corresponsabilidad y la participación ciudadana.
Diálogo permanente con enfoque en derechos humanos
Los líderes del proyecto reiteraron que el diálogo abierto y permanente con la comunidad continuará siendo un pilar fundamental durante el desarrollo y la operación del relleno sanitario, como parte de un enfoque que prioriza los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental.
“El derecho a un medio ambiente sano pasa por una correcta gestión de los residuos: no es medio ambiente contra proyecto, sino infraestructura ambiental regulada frente a la disposición informal”, concluyó Javier Núñez.
La mediación de la PDDH en este proceso fue valorada como un elemento clave para garantizar un intercambio respetuoso, informado y enfocado en la defensa de los derechos de la población, en torno a un proyecto que busca convertirse en una solución integral para la gestión de residuos en la región paracentral de El Salvador.
